Hoy en alguna urgencia de un servicio de salud hay una señora en la camilla de una ambulancia a quien no pueden trasladar porque no hay camas en el hospital. En otro hospital son las 5 AM y ya hay personas esperando un número para la atención de un especialista. 

Esa es la triste realidad de nuestro sistema público de salud. Esto pasa a pesar de que, según informes de la Dipres, el gasto en salud ha crecido en un 9% entre 1990 y 2012, duplicando el PIB del 1,6% al 3,5%, muy por sobre el promedio de países de la OCDE. Informes de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Minsal mencionan que hay más de dos millones de pacientes en listas de espera, más de sesenta mil patologías Ges no atendidas, más de trescientas mil cirugías dilatadas y, lo más grave, sobre doce mil pacientes con patologías de cáncer no atendidos.

Ni el ejecutivo ni el legislativo han estado a la altura del grave problema de la salud. El director de Fonasa y el subsecretario de Salud han declarado que están a favor de la política del monopolio estatal de los pacientes mediante un Fondo Único en Salud, y dejar al sector privado como seguros de “segundo piso”. 

En la arista legal desde los 2000 los jueces advertían que había serios problemas de conflictividad en nuestro sistema de salud privado, pero no se hizo nada por la complejidad política. “No se ha abordado la reajustabilidad de los planes” (ministro Sergio Muñoz), “se necesitan cambios legislativos y revisión de las políticas vigentes” (ministro Haroldo Brito). 

Esto terminó en la resolución del Tribunal Constitucional de agosto del 2010, que abrió las puertas de la judicialización del sistema, ingresando más de 2,2 millones de causas a las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022, lo que fue el origen de la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de noviembre del 2022. 

Es de destacar que el Ejecutivo, por intermedio de la Superintendencia de Salud, demoró casi una década en dictar la Resolución IF 343, determinando la Tabla Única de Factores en diciembre del 2019 que interpreta la resolución del Tribunal Constitucional del 2010. La legislación chilena, de acuerdo con el artículo 3 del Código Civil, establece que las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria “solo de las causas judiciales que se pronunciaren o, de lo contrario, es un grave atentado a la democracia”, como lo hizo ver el Observatorio Judicial y la ministro Angela Vivanco en una entrevista periodística. 

Llama la atención que ni el Ejecutivo ni el Legislativo preguntara por el número de incumbentes y el Ejecutivo se pronunciara muy precipitadamente, estableciendo un monto de devolución de U$ 1500 millones en una interpretación del fallo de la Corte. Es extraordinariamente grave para una democracia que los jueces traspasen problemas de políticas públicas al Poder Ejecutivo y que este interprete los fallos. Profesionales nombrados por la Comisión de Salud del Senado mencionan una cifra de U$ 500 millones, y asesores de la Presidencia, en un criterio netamente político, establecen la cifra en U$ 1000 millones.

Para resolver el problema de la salud pública y privada en Chile hay que pensar “en grande” o, como decía el filósofo Jorge Millas de la Universidad de Chile, “sentémonos a conversar como si no sé nada, para entender lo que el otro quiere decir”. Debemos tener generosidad y humildad para resolver este grave problema.

Hay que definir los problemas de la salud de los próximos decenios con sentido de Estado, en un trabajo multidisciplinario de médicos, enfermeras, tecnólogos, matronas, profesionales de la salud, ingenieros, arquitectos, economistas. Se necesita mucha ingeniería en salud.

El monopolio estatal solo produce un mal uso de los recursos en salud aumentando la burocracia, es fuente de corrupción y empobrece a la clase media. Destruir al sistema privado en Chile es un grave error de políticas públicas en salud. Hay una vieja escuela de salubridad pública que no avanza con la tecnología y no incorpora las herramientas modernas de la administración y la economía, que ha predominado en los últimos decenios, con los resultados que conocemos. Los hospitales públicos, a pesar de ser organizaciones equivalentes a una empresa mediana o grande, no tienen gerentes. Voluntarismos, improvisaciones, dogmatismos, parches, presiones gremiales más allá de lo prudente se ven mucho en salud.

No se debe confundir salud con medicina. Salud es definido por la OMS como “equilibrio orgánico y un completo bienestar físico, mental y social” y medicina es, de acuerdo con la Academia de la Lengua Española, “un conjunto de herramientas y técnicas aplicadas a la prevención y tratamiento de enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir”. Los problemas de la salud afectan lo esencial del ser humano, que es la vida, y por eso es difícil avanzar.

Modernizar al sector en base a ciertos principios básicos es la tarea de hoy.
El paciente y no otro es el eje de toda política pública en salud, como lo determina el juramento Hipocrático.

Medidas para una gestión moderna en salud       

Un Estado moderno debe ser rector de las políticas públicas en salud, como quedó demostrado en la pandemia. Un ministerio con vicepresidencias ejecutivas, hospitales con gerencias y directorios estableciendo políticas de productividad, incorporando el financiamiento privado y la beneficencia, es sustantivo. Mejorar el sistema de compras públicas del sector y digitalizar el sistema de licencias médicas es tarea pendiente.

Orientar el gasto a la prevención y salud primaria con subsidios directos a las personas en planes básicos obligatorios, usando la tecnología actual como diagnóstico por imágenes, mamografías, colonoscopía, ecotomografía, entre otros. Actuar antes que se produzca la enfermedad, nos enseña la milenaria cultura china. La capacitación es sustantiva y se debe definir una política pública con las facultades de medicina y las sociedades científicas. Una herramienta del Estado para enfrentar los problemas de alcoholismo juvenil, la drogadicción, entre otros problemas de salud, es establecer una educación sanitaria mediante un servicio militar social los fines de semana, como en Israel o Suiza.

Definir que el sistema de salud chileno es mixto, con participación pública y privada, estableciendo reglas claras que incentiven la inversión en el sector y estableciendo índices de reajustabilidad reales. En este sistema, el foco debe estar en el paciente al centro de toda política pública en salud, para que tenga la capacidad de elegir libremente el prestador. Esta es la esencia de un buen sistema de salud. El Estado debe orientar los recursos a la demanda, otorgando subsidios directos en un plan único garantizado a las personas, donde no deben existir preexistencias ni restricciones para que el paciente tenga acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud.