El resultado de esta brecha productiva es una menor calidad de vida. Y es que, al tener que trabajar más, disponemos de menos tiempo libre; y al tener que invertir más, disponemos de menos recursos para consumo. En consecuencia, en Chile producimos de manera menos sustentable, porque utilizamos más recursos naturales. Así, para cerrar la brecha que nos separa del desarrollo, necesitamos un aumento relevante de nuestra capacidad para producir más con menos. Pero el desafío es enorme, puesto que muchas de las reformas pendientes son complejas.

En general, el Estado y el mercado deben funcionar mejor. Lo primero exige modernizar el sector público y garantizar que provea los bienes y servicios no privados necesarios, lo segundo, que haya suficiente competencia. Y, en particular, ya no hay balas de plata: lo que nos falta es un conjunto amplio y diverso de reformas microeconómicas. Muchas de ellas son incluso insignificantes individualmente, pero en conjunto explican que no seamos Canadá, Alemania o Estados Unidos. Además, estas reformas sectoriales son habitualmente resistidas por grupos de interés que buscan preservar sus rentas, a expensas del interés común.

Sin embargo, existe un tipo de reforma relevante para aumentar la productividad que hoy goza de apoyo amplio en nuestro país: mejorar el sistema de permisos para la inversión. Durante los últimos cinco años, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha publicado tres estudios sobre este tema (CNEP, 2023; 2021; 2019).

Estos permisos, que buscan resguardar materias tan relevantes como la salud y seguridad ciudadanas, si están mal diseñados o implementados, pueden transformarse en una barrera al desarrollo, incluso sin cumplir su objetivo público primordial. Una revisión de la CNEP de los casi 130 mil permisos tramitados durante los últimos cinco años lo ratifica. En lo principal, el sistema adolece de eficiencia, certeza y estabilidad.

El sistema de permisos en nuestro país es ineficiente, porque la autoridad tarda demasiado tiempo en tramitar las autorizaciones; es incierto, porque muchas veces se desconocen a priori las exigencias que el inversionista debe cumplir; y es inestable, porque las vías de impugnación generalmente no son adecuadas en tiempo ni en forma. Reformarlo es imprescindible.

Sin embargo, es importante aclarar algunos aspectos de esta reforma. Primero, que modernizar el sistema de permisos para la inversión no significa reducir la regulación, sino mejorarla. Además, es un tema que no solo afecta a la inversión, que se asocia con la innovación en nuevas tecnologías, especialmente a largo plazo, base del crecimiento sostenido; también es sobre mejorar el funcionamiento del Estado, aportando a la confianza de la ciudadanía en las autoridades, lo que facilita la implementación de políticas públicas más efectivas y contribuye a la cohesión social. Y un país más cohesionado tiene más posibilidades de alcanzar acuerdos amplios y duraderos, ambos claves para prosperar. Finalmente, esto no se trata solo de los grandes proyectos de inversión; también importan los miles de proyectos de empresas medianas y pequeñas, porque si la regulación constituye un costo innecesariamente oneroso para la actividad económica, estas empresas no logran crecer, mermando la competencia y, probablemente, reduciendo el acceso a bienes y servicios de mejor calidad y menor precio. Asimismo, si la competencia es menor, el incentivo por parte de las grandes empresas a innovar cae y la asignación de recursos empeora, con la consiguiente pérdida de eficiencia agregada.

En este contexto, en enero pasado el gobierno ingresó al Congreso un Proyecto de Ley (PDL) que ha denominado "Permisos Inteligentes". Este PDL presenta aspectos que recogen algunas de las recomendaciones realizadas por la CNEP en sus estudios sobre la materia. Específicamente, se propone el reemplazo de autorizaciones por declaraciones juradas del titular u otras técnicas, en razón del riesgo particular asociado a una obra o instalación, lo que debiera descongestionar los procesos de revisión regulatoria.

Otros elementos, como el establecimiento de una ventanilla única digital y la creación de una gobernanza para la tramitación sectorial, contienen ideas que avanzan en la dirección correcta, aunque, para potenciar su impacto, será clave su diseño final.

Cabe señalar, en todo caso, que para tener claridad acerca del impacto potencial total de esta reforma, es necesario analizarla en conjunto con otras regulaciones que también tienen incidencia en los procesos de aprobación de proyectos, en particular, la modificación propuesta a la institucionalidad ambiental, que modifica diversos aspectos de la Ley 19.300 con miras a una mayor eficiencia del sistema de evaluación ambiental.

Por lo tanto, el PDL recientemente anunciado debería contribuir a impulsar nueva inversión sustentable y sostenida, al incluir al riesgo como factor determinante del diseño regulatorio, incorporando mecanismos como las declaraciones ex ante y los revisores externos, que deberían reducir los plazos de tramitación durante la fiscalización del cumplimiento normativo. Además, establece una nueva institucionalidad para coordinar este proceso, algo que, sin embargo, también podría buscarse recurriendo al escrutinio ciudadano que acompaña al sistema de transparencia pública. Finalmente, se enfoca en digitalizar, un avance tecnológico fundamental, pero que, para potenciar su impacto, debe estar acompañado de una mejora complementaria en los procesos con los que funciona el Estado. Así, la reforma es un avance muy importante, pero su impacto dependerá de la capacidad para implementarla adecuadamente.

Con todo, perfeccionar el sistema de permisos en nuestro país permitiría mejorar el funcionamiento de ambos, el Estado y el mercado. Y esto es clave, porque en una economía moderna, si uno de ellos falla, todo falla.