El primer científico en alertar el efecto del aumento de los gases de efecto invernadero en el clima del planeta fue el Premio Nobel de Química Svante Arrhenius, quien en 1896 señaló: “Aumentar al doble la concentración de CO2 en la atmósfera puede aumentar la temperatura de la tierra en 5 a 6?C” Pero no fue sino hasta la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1994, que se creó la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC) con el mandato de “lograr la estabilización de GEI a niveles que impidan una interferencia antropogénica peligrosa” (Art. 2). Dos años después, en 1996, se realizó la primera Conferencia de las Partes, denominada COP1, y en 1997 se logró el primer a acuerdo mundial destinado a ese objetivo: el Protocolo de Kioto.

A pesar de que el Protocolo de Kioto no fue ratificado, entre otros países, por los Estados Unidos, y que Canadá, Japón y Rusia se retiraron del acuerdo, éste entró en vigencia en 2005 gracias a que se cumplió el requisito de que al menos 55 Partes de la Convención, que representaran al menos el 55% de las emisiones totales de dióxido de carbono de 1990, lo ratificaron.

Dicho acuerdo global definía metas de reducción para los países desarrollados, individualizados como Anexo 1; y mecanismos de reducción, entre ellos el más conocido y utilizado, el denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio, o MDL.

El MDL era un mecanismo mediante el cual los países en desarrollo, individualizados como Países No Anexo 1, podían realizar reducciones de emisiones de gases efecto invernadero con financiamiento de países Anexo 1, las que éstos podían contabilizar para cumplir sus metas de reducción. Este mecanismo generó un mercado de emisiones basado en unidades llamadas “bonos de carbono”, equivalentes a 1 tonelada de CO2 reducida.

En Chile se desarrollaron más de 100 proyectos que registraron sus emisiones ante la UNFCCC, algunos de los cuales las vendieron en el mercado del MDL, otros no alcanzaron a venderlas o prefirieron guardarlas como créditos para futuros proyectos o a la espera de mejor precio.

Este mercado operó hasta 2012, año en que entraría en vigencia un segundo periodo de compromisos que le diera continuidad.

Sin embargo, las negociaciones en la UNFCCC se dificultaron y sólo a fines de 2015 se logró el mayor acuerdo global jamás alcanzado: el Acuerdo de París. Este acuerdo entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016, cuando ya suficientes países que producían gases de efecto invernadero del mundo lo habían ratificado, entre ellos los Estados Unidos y China.

Durante los años siguientes los países, reunidos en las Conferencias de las Partes, las llamadas COP, han trabajado para desarrollar el Libro de Reglas o Reglamento del Acuerdo de París, que entregará el marco para su implementación desde el año 2020 en adelante.

Hasta ahora se ha avanzado muchísimo en el Libro de Reglas, quedando pendiente sólo el Art. 6, que se refiere a los mercados de carbono, donde los temas más álgidos se refieren a los mecanismos de reporte y verificación que eviten que se produzca una doble contabilidad de reducciones; y el futuro de los bonos de carbono que fueron generados bajo el mecanismo del PK y que aún quedan disponibles. Este es el desafío de la COP25.

Los mercados de carbono permiten que las reducciones sean realizadas de la manera más costo-efectiva para la sociedad en su conjunto, por lo que el cumplimiento de las metas del Acuerdo sin este mecanismo sería muchísimo más costoso.

La responsabilidad de la presidencia de Chile en la COP25 es enorme, y requerirá de las mejores artes diplomáticas para poner de acuerdo las diferentes posturas que hasta ahora no han logrado una fórmula que permita cerrar el Libro de Reglas.

El Acuerdo de París: Un Cambio Radical a la Economía Global
Uno de los objetivos del Acuerdo de París es “hacer que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo dirigido hacia un sistema de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático” (Art. 2).

Los países ya están instalando los arreglos institucionales y regulatorios necesarios que permitan alinear los flujos financieros con la acción climática.

En efecto, el Consejo de Estabilidad Financiera del G201 , el Bank of England (2) , la European Insurance and Occupational Pensions Authority (3) , el Banco Mundial, la Red de Bancos Centrales y Supervisores Financieros (NGFS)(4) , así como diversos bancos y aseguradoras a nivel global (5) , están incorporando o recomendando incorporar el riesgo climático en su normativa regulatoria y de reportabilidad del sector financiero.

Adicionalmente, el Acuerdo de París marcó  un hito en el desarrollo económico global: tanto los riesgos como las oportunidades que representa la transición hacia una economía menos intensiva en carbono y resiliente al clima han impulsado fuertemente la incorporación de los criterios de ESG (Environmental, Social & Governance) en la toma de decisiones de inversión, tanto por parte de los inversionistas como de los asset managers y reguladores.

Es así como la Comisión Europea recomendó identificar los pasos que las instituciones financieras y los supervisores deben tomar para proteger al sistema financiero de los riesgos de sostenibilidad, comenzando por aclarar los deberes de los inversores para ampliar los horizontes temporales de la inversión y hacer que las decisiones de inversión se centren más en los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), transparentando las oportunidades y los riesgos de sostenibilidad(6). 

En Latinoamérica, el año pasado el regulador de pensiones brasilero, CMN, publicó un nuevo estándar para regular las prácticas de inversión de los planes de pensiones ocupacionales. Entre otros cambios, aclaró que los problemas de ESG deben considerarse en el proceso de evaluación de riesgos de los fondos de pensiones (7).

Se estima que para impedir que la temperatura promedio del planeta aumente en más de 2°C respecto de la temperatura en época preindustrial establecido en el Acuerdo de París, más del 75% de las reservas fósiles deben quedar bajo el suelo8 . En este escenario, el Divestment9 ya ha logrado generar efectos importantes en la industria de los fósiles. Según Goldman Sachs, un factor clave en el de-rating del 60% del sector carbón en los últimos cinco años, se debe al Divestment10. Se estima que los activos desvalorizados de las compañías petroleras son del orden de USD 33 billones (USD 33 trillions en inglés). A 2018, más de 1.000 instituciones11 cuyos directorios han tomado la decisión de realizar Divestment, suman más de USD 8.720 billones (USD 8,720 trillions) en proceso. Un 14% de estas instituciones correspondería a fondos de pensiones (12).

A su vez, esta economía baja en carbono y resiliente al clima requiere de enormes cantidades de inversión sostenible. Según el Banco Mundial, sólo en infraestructura de bajas emisiones de carbono se requiere del orden de USD 90 billones (USD 90 trillions) hasta 2030, que es más que el stock actual(13). Estas inversiones tienen además múltiples efectos adicionales a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tales como reducir la contaminación de material particulado del aire de las ciudades y mejorar la congestión del tráfico.

Adicionalmente, según la High-Level Expert Group on Sustainable Finance de la Unión Europea, se requieren €180 mil millones al año (€180 billions/yr) adicionales en sectores como renovación y construcción de edificios energéticamente eficientes, generación y transmisión de energías renovables y transporte de bajas emisiones de CO2, por nombrar algunos (14).

Lo anterior se suma a estimaciones del Banco Mundial de USD 23 miles de millones (USD23 trillions) que representan las NDC de las 21 economías de mercados emergentes en alternativas de inversión en la llamada Green Economy. Por su parte, los dineros provenientes del Divestment requieren alternativas de inversión en los mercados de la denominada Green Economy.

Según cifras del Annual Trends Report 2018 de FTSE-Russell, las oportunidades de inversión en estos mercados representan USD 4 mil millones (USD 4 trillions) en capitalización de mercado.

“Si es de Chile, es verde”
Nuestro país ha asumido un liderazgo en acción climática no sólo mediante la organización y presidencia de la COP25, sino a través de los ministerios de Energía, Transportes y, más recientemente, de Hacienda con la emisión de los dos primeros bonos soberanos verdes de las Américas y la creación de la Mesa de Finanzas Verdes, que convoca a la banca, las aseguradoras y las AFPs a buscar formas de alinear los flujos financieros con la acción climática. Los compromisos de descarbonización de la matriz eléctrica al 2040, transporte público 100% eléctrico al 2040 y lograr la carbono neutralidad al 2050, sumados a la declaración de áreas protegidas terrestres y marinas, el retiro del plástico de un solo uso y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, más conocida como Ley REP, representan grandes desafíos que van en la dirección correcta.

Modificar la estructura productiva del país a una baja en carbono es sin duda un gran desafío, pero Chile tiene las condiciones para ello: diversas fuentes de energías renovables disponibles a lo largo de todo el país, estabilidad económica y política, un sector privado dispuesto a innovar y un sector financiero que opera con estándares de los países más desarrollados, lo que le da garantías a los inversionistas más exigentes en un mercado con cada vez más interés por invertir en inversiones sostenibles.

Que Chile se posicione como una alternativa atractiva de inversión y un proveedor de primera línea para los inversionistas y consumidores del siglo XXI es la tarea que nos hemos propuesto los Líderes Empresariales por la Acción Climática, conscientes de que es en este terreno donde nos jugamos una parte relevante del futuro de nuestro país. “Si es de Chile, es verde”, es la idea fuerza que quisiéramos instalar.