Pablo Muñoz
La meritocracia importa: Cómo la selección competitiva mejoró los servicios públicos en Chile
Un artículo reciente que escribimos junto a Cristóbal Otero (Columbia University) y Mounu Prem (EIEF), titulado “Managers and Public Sector Performance: Evidence from Health and Education in Chile”, revela que la selección meritocrática de directivos públicos en hospitales y escuelas chilenas redujo significativamente la mortalidad hospitalaria y mejoró los resultados académicos de los estudiantes.
Durante décadas, economistas y expertos en políticas públicas han debatido sobre cómo mejorar la eficiencia del Estado y la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía. En nuestro trabajo, presentamos evidencia robusta que permite afirmar que la selección competitiva y meritocrática de altos directivos puede generar beneficios sustanciales para la sociedad, particularmente en áreas críticas como la salud y la educación.
Uno de los obstáculos más importantes que identificamos es la alta rotación de directivos debido a cambios políticos. Los directivos seleccionados bajo criterios técnicos tienen una permanencia promedio en sus cargos de solo tres años, con alrededor del 40% siendo reemplazados tras el primer año de cambio de gobierno. Esto debilita la memoria institucional y dificulta planificaciones a largo plazo.
La importancia de estos hallazgos radica en que, más allá de las preferencias políticas sobre el tamaño y alcance de la intervención pública, existe un consenso académico claro: mejorar la capacidad burocrática del Estado es fundamental para el desarrollo económico y social de un país. Tal y como muestra la Figure 1, existe una correlación fuerte entre la efectividad gubernamental y la competitividad de los procesos de selección de la burocracia.
En este sentido, contar con directivos seleccionados por sus capacidades y méritos, más que por razones políticas, es esencial para garantizar un liderazgo efectivo y comprometido con resultados concretos.
Impactos concretos en la salud pública chilena
En Chile, la implementación del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en 2004 marcó un punto de inflexión al sustituir prácticas históricamente clientelares por procesos transparentes y competitivos. Nuestra investigación muestra que los hospitales públicos que seleccionaron a sus directivos mediante concursos abiertos redujeron en promedio un 8 % su mortalidad hospitalaria, lo que significa pasar de 2,52 a 2,31 muertes por cada 100 pacientes (Muñoz y Otero, 2025). Este resultado es crucial, pues se traduce directamente en vidas salvadas y mayor eficiencia en la atención sanitaria.
Una burocracia profesionalizada no solo mejora la calidad de servicios públicos esenciales, sino que también promueve un desarrollo social y económico más equitativo y sostenible. Sin embargo, es crucial avanzar decididamente hacia la consolidación institucional, reducir la interferencia política en los procesos gerenciales y enfrentar con decisión las barreras de género y las limitaciones actuales en los sistemas de incentivos.
Este avance no ocurrió por casualidad ni por una selección estratégica de pacientes más sanos, sino que fue resultado directo del cambio en el perfil profesional de los directores hospitalarios seleccionados. Antes de la reforma ADP, estos cargos eran habitualmente ocupados por médicos con poca formación en gestión. Posterior a la reforma, la proporción de directores con formación en administración aumentó en aproximadamente 20 puntos porcentuales. Incluso aquellos médicos que siguieron siendo seleccionados comenzaron a contar con mayor formación gerencial formal. Esto sugiere que la profesionalización real del liderazgo gerencial fue clave para mejorar la calidad de atención a los pacientes.
Beneficios en el sector educativo
En educación, los resultados positivos también han sido notorios y ampliamente medibles desde la extensión del sistema ADP en 2011 a la selección de directores escolares. Nuestro estudio encontró mejoras claras en indicadores fundamentales de desempeño académico como el SIMCE y la PSU, con incrementos promedio de 0,07 y 0,08 desviaciones estándar respectivamente (Muñoz y Prem, 2024). Estos resultados muestran que un liderazgo gerencial efectivo puede impactar directamente en el rendimiento académico y el futuro de los estudiantes chilenos.
Además, los nuevos directores escolares seleccionados bajo criterios meritocráticos demostraron mayor eficiencia en la gestión administrativa. Incrementaron significativamente el despido de profesores con evaluaciones insatisfactorias, redujeron la rotación de docentes de alto desempeño, y lograron una mejora en la percepción de liderazgo, tanto por parte de padres como de docentes. Esto produjo un ambiente escolar más estable y favorable para el aprendizaje.
Desafíos pendientes y pasos hacia adelante
No obstante, estos importantes avances requieren de condiciones institucionales sólidas para poder sostenerse en el tiempo. Uno de los obstáculos más importantes que identificamos es la alta rotación de directivos debido a cambios políticos. Los directivos seleccionados bajo criterios técnicos tienen una permanencia promedio en sus cargos de solo tres años, con alrededor del 40% siendo reemplazados tras el primer año de cambio de gobierno. Esto debilita la memoria institucional y dificulta planificaciones a largo plazo.
Otro desafío crucial es la desigualdad de género que persiste en los altos cargos directivos. Aunque el 62% de los funcionarios del gobierno central chileno son mujeres, solo el 35% de los puestos ADP son ocupados por ellas. Esto refleja una barrera de acceso similar al "techo de cristal" identificado en el sector privado, lo que resulta no solo injusto desde el punto de vista de la equidad, sino también ineficiente desde una perspectiva organizacional, ya que podría reflejar mala asignación de talentos.
Finalmente, los incentivos financieros actuales siguen siendo inadecuados para promover un desempeño verdaderamente proactivo. En el sector salud, por ejemplo, nuestra investigación muestra que más del 90% de los directores hospitalarios alcanzan evaluaciones perfectas y rara vez enfrentan sanciones económicas reales, limitando gravemente la efectividad de estos mecanismos de incentivos vía pago por desempeño.
En definitiva, nuestro estudio confirma que la meritocracia importa. Una burocracia profesionalizada no solo mejora la calidad de servicios públicos esenciales, sino que también promueve un desarrollo social y económico más equitativo y sostenible. Sin embargo, es crucial avanzar decididamente hacia la consolidación institucional, reducir la interferencia política en los procesos gerenciales y enfrentar con decisión las barreras de género y las limitaciones actuales en los sistemas de incentivos.
